Las autonomías mueven ficha para reducir el consumo de las apuestas en el sector del juego privado. El Gobierno de Castilla y León ha sido el último en dar un paso al frente en la renovación de su ley del juego, que entrará en vigor este próximo 21 de abril, y se suma a regiones como Galicia, Baleares o la Comunidad Valencia que también han renovado sus normas para fomentar el juego responsable y prevenir la adicción.
Los territorios endurecen sus normas bajo un prisma común: poner coto a los salones de juego. Con especial enfoque a los jóvenes y las personas vulnerables que son el target más seducido por las máquinas tragaperras, las apuestas deportivas o la ruleta. De acuerdo con último informe, Estudio de prevalencia de juego, elaborado por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), el 12% de los jóvenes entre 18 y 25 años presenta problemas con el juego.
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Una de las medidas más restrictivas que han implantado los Gobiernos autonómicos como Castilla y León, Galicia o Baleares es limitar la publicidad de las casas de apuestas para evitar que los colectivos vulnerables se adentren en los juegos de azar. Las regiones prohíben en sus textos la posibilidad de acordar campañas, patrocinios, publicidad en las camisetas de los clubes deportivos, así como impiden que personajes públicos puedan promocionar las marcas del sector privado.
No obstante, el Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente y ha anulado la decisión de prohibir la publicidad de las empresas del sector privado porque, según los jueces, “forma parte de la libertad de las empresas que inciden en una actividad lícita”.
En opinión de Fernando Martín, socio de Loyra Abogados, bufete especializado el fallo del alto tribunal supone un aviso para las autonomías. “La sentencia del Supremo impugna el decreto de Garzón que es de ámbito estatal, pero las autonomías tienen competencia para marcar sus propias normas”, y de hacerlo, debe ser dentro de unos límites.
Libre competencia
Los Gobiernos autonómicos aprietan las tuercas para ampliar la distancia entre los salones de juego, los colegios y los centros de rehabilitación de personas adictas. Regiones como Cantabria o Castilla y León son las zonas más restrictivas, donde imponen una distancia mínima de 500 metros.
De hecho, el pasado mes de enero el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha puesto en tela de juicio esta medida después de que Recreativos Giner Molto y Valazar, dos casas de apuestas, denunciasen que esta medida supone una vulneración de los principios de libertad de empresa, establecimiento y prestación de servicios tal y como recoge la normativa europea. En este sentido, la justicia valenciana elevó una consulta a Luxemburgo para que interpretase si la ampliación de las distancias puede llegar a perjudicar a la libre competencia del mercado.
Para el Consejo Empresarial del Juego (CeJuego), delimitar las distancias es una medida más “efectista” que efectiva. “Lo que realmente evita la entrada de menores en los locales de juego son los controles de acceso y no la distancia a los colegios, al igual que pasa también con otros establecimientos como las discotecas”, afirman.
Sector público
Uno de los principales inconvenientes de las normas autonómicas, señala Santiago Asensi, abogado y director de Asensi Abogados, es que no se fomenta totalmente el juego responsable porque “todas las regulaciones se aplican únicamente al juego privado y no a otros juegos que también podrían ser potencialmente adictivos, como las quinielas o las tarjetas de rasca y gana”.
Las quejas de las patronales van en esta dirección: consideran injusto que la normativa estatal siempre les ponga en el objetivo y creen que los controles son más laxos con los juegos que son propiedad del Estado, como la ONCE, Loterías y Apuestas del Estado o los tradicionales sorteos navideños. Hablan de estigma. “En nuestro sector pesan mucho algunos motivos ideológicos que estigmatizan injustamente al juego, a sus empresas y a sus trabajadores”, protesta la asociación.
Control y restricción
Hostelería. Algunas regiones, como la Comunidad Valenciana o Aragón, establecen otras medidas para limitar el acceso a personas con problemas de ludopatía. Como señala Fernando Martín, socio de Loyra Abogados, cada local debe equiparse con un sistema de activación controlado remotamente por el personal responsable del establecimiento (como en las máquinas de tabaco), quien comprobará que la persona interesada en jugar no está inscrita en el registro de interdicción de acceso al juego.
Préstamos. Las empresas del juego privado no podrán conceder préstamos ni cualquier otra modalidad de crédito a los jugadores, ni concederles bonificaciones, partidas gratuitas o elementos canjeables por dinero. De esta manera, personas que se puedan encontrar en una situación económica delicada, no pierdan el control apostando en los casinos. Una medida que La Rioja o Extremadura implantan para que los jugadores no caigan en la precariedad.
Sanciones. Las comunidades autónomas han endurecido las sanciones por infracciones en materia de juego. Según Santiago Asensi, abogado y director de Asensi Abogados, el sector privado puede enfrentarse a penas de hasta 600.000 euros y en los casos más graves, como dejar pasar a personas adictas, conlleva el cierre e inhabilitación para las actividades de juego de forma indefinida. cincodias
